Educación extractiva para un país minero

El pasado 3 de Agosto, la ministra de educación María Fernanda Campo presentó ante la opinión pública los resultados del Observatorio laboral para la educación: seguimiento a los graduados de la educación superior en los últimos 10 años.[1] Entre las conclusiones presentadas en el informe, una de las que más resalta es la relacionada con los 10 programas universitarios mejor remunerados y con mayor vinculación laboral para los recién graduados en el año 2010. Los 3 primeros lugares  en esta lista son ocupados por programas relacionados directamente con minería e hidrocarburos: Ingeniería de Petróleos, Geología e Ingeniería de Minas. Los egresados de estos programas tuvieron una vinculación laboral del 91,5%, 94,8% y 77,4% respectivamente, esto quiere decir, que en promedio el 87,9% de los graduados en estas 3 carreras en 2009, consiguieron trabajo casi de inmediato. Los salarios de estos profesionales oscilan entre los 2 millones, 426 mil pesos y los 3 millones, 139 mil pesos. También se destaca, que dentro de los 10 programas técnicos con mejor salario, el programa de Técnica Profesional en Minería se ubica en el quinto lugar, con un sueldo promedio de 1 millón, 227 mil pesos.

Los resultados arrojados por el informe se dan bajo el marco del inusitado crecimiento de la actividad minera en nuestro país. Hoy Colombia tiene el 40% de su territorio solicitado en concesión para grandes proyectos mineros, cerca de 40 millones de hectáreas pedidas, que se podrían comparar con la superficie de Alemania y Suiza juntos. En los últimos años han sido otorgados más de 9 mil títulos mineros y existen más de 19 mil solicitudes en trámite. Un marco normativo en el que el Estado sólo actúa como regulador de la actividad particular, unas de las regalías más bajas del mundo y un paquete de enormes exenciones tributarias, han configurado una fórmula inmejorable para que las compañías extranjeras hayan elegido como epicentro  de su actividad a nuestro país. Solo en 2009, la inversión extranjera en el sector de minería e hidrocarburos significó el 90% del total de la inversión extranjera directa en Colombia.

Concebido de esta manera, el auge minero no ha redundado en beneficios y mejores condiciones para los pequeños y medianos mineros nacionales, ni para el conjunto de la sociedad colombiana. Las perspectivas parecen no cambiar en el corto plazo con la firma de tratados comerciales como el TLC recién entrado en vigencia con Canadá,  país cuyo gobierno financió la reforma al código de minas colombiano en 2009[2], y donde se encuentran más del 75% de las compañías mineras del mundo. Se demuestra así, que las necesidades y exigencias foráneas han determinado la adecuación del desarrollo económico y de la educación nacional, y que en el caso de la minería, desafortunadamente no asistimos a un escenario diferente.

Acorde a este modelo, desde hace algunos años se han impulsado alianzas entre actores del sector productivo y las instituciones de educación superior, impulso que se recoge en la nueva ley de educación superior propuesta por el presidente Santos, que estipula como fuente de ingresos adicionales para las universidades, las alianzas público privadas y la vinculación del capital privado a la prestación del servicio educativo.[3] De esta manera, se busca formalizar algo que ya ocurre en diferentes instituciones públicas de nuestro país, que ante la asfixia presupuestal a la que se encuentran sometidas desde hace casi dos décadas y merced a la falta de ética y rigor académico de algunos de sus directivos, han rubricado contratos con compañías trasnacionales mineras que se lucran del enorme daño ambiental, social y económico que le dejan al país. El convenio de monitoreo ambiental entre la Universidad de Caldas y la compañía sudafricana Anglogold Ashanti, que pretende llevar a cabo un proyecto de  minería a cielo abierto en una neurálgica zona del Tolima, constituye un ejemplo palpable de esto. Pese a los demagógicos pronunciamientos del gobierno en los últimos días, asegurando que  no se incluirá el apartado de universidades con ánimo de lucro estipulado en su propuesta inicial, las alianzas publico-privadas son hoy una realidad, que si bien en todos los casos no son lesivas, con seguridad se seguirán extendiendo de esta manera, debido a las exigencias de las grandes potencias económicas, ávidas de recursos energéticos y nuevos mercados.

Las notables garantías de inserción laboral para los jóvenes vinculados a programas universitarios y técnicos relacionados con la visión  de “Colombia país minero”, se explican a partir del viraje que se le ha dado a la economía  de nuestro país, orientándola principalmente hacia este sector, además de la necesidad de las compañías  extranjeras de vincular mano de obra local conocedora del terreno (físico y normativo), que les allane el camino para llevar a cabo sus proyectos. El actual panorama se puede concebir como uno de los innumerables intentos por transformar a la universidad colombiana en un centro empresarial, diseñado para satisfacer las necesidades de las compañías extranjeras y el mercado internacional, en lugar de formar profesionales en áreas que contribuyan a un genuino e integral desarrollo  de la nación. Se pretende imponer  el modelo de universidad corporativa, por medio de asociaciones o del establecimiento directo de instituciones educativas por parte de las compañías, tal y como lo han hecho empresas como Motorola, McDonald’s, Lloyds TSB Bank y Disney, entre otras, que han fundado sus propias universidades, trazando contenidos y metodologías acordes a sus necesidades. En Colombia, casos como el de Unisanitas, fundación universitaria creada por la empresa de servicios de salud Sanitas, la universidad para taxistas de Chevrolet o la fundación universitaria Uniempresarial, establecida por la cámara de comercio de Bogotá, nos sugieren, que de continuar por la vía de la desfinanciación crónica de las universidades públicas, con la expansión de privilegios a las compañías mineras y con la adecuación del sistema educativo a las exigencias del mercado, no estamos muy lejos de contemplar el establecimiento de la Universidad del oro en Marmato, construida por Medoro Resources o la creación de la Fundación Universitaria Minera de Cajamarca,  por parte de la Anglogold Ashanti.

Si a cada modelo de país le corresponde un modelo educativo, podemos decir con certeza que los últimos dos gobiernos han allanado el camino para que los colombianos reciban una educación extractiva al servicio de intereses ajenos a los nacionales. Colombia es el país con el desempleo juvenil más alto de Latinoamérica (actualmente en el 21%) y el 46,2% de su población joven se encuentra inactiva[4]. Esta realidad, sumada a la desvinculación del Estado en la explotación de recursos minero-energéticos, pareciera dejarles a los jóvenes colombianos casi como única opción laboral, ingresar a una multinacional minera, a pesar de que el legado para el país y las generaciones venideras, sea un futuro de ríos envenenados, poblaciones arrasadas, dignidades pisoteadas y soberanías arrebatadas.

[1] http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/article-277950.html

[2] La financiación a la reforma, según el senador canadiense Bernard Bigras, se dio  a través de la agencia para el desarrollo internacional de Canadá CIDA (Canadian International Development Agency),

[4] DANE. Mercado laboral de la juventud (14 a 26 años). Gran encuesta integrada de hogares. Trimestre abril – junio de 2011. Bogotá, D. C. 8 de Agosto de 2011.

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