Los voceros nacionales y el fortalecimiento de la MANE

ImageEran las 6 de la mañana del domingo 11 de marzo de 2012. Claribel se despertaba después de pocos minutos de sueño, al ritmo de una voz que anunciaba el fin del proceso de escrutinio. Lo hacía en la incómoda silla de un auditorio al que había llegado 15 horas atrás, proveniente de Armenia junto a sus compañeros de Universidad. Como ella, más de 500 estudiantes de todos los rincones del país se habían desplazado a Manizales en representación de más de 60 Instituciones de Educación Superior. Su objetivo: elegir a los voceros nacionales de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE.

Ese 11 de marzo a las 6 de la mañana, concluyó una de las etapas más difíciles y de mayor aprendizaje para el movimiento estudiantil colombiano. Después de varios meses de arduas discusiones y de superar incontables dificultades, se eligieron los interlocutores legítimos del movimiento que logró derrotar la nefasta iniciativa gubernamental de reforma a la ley 30 y que logró unificar al estudiantado de nuestro país en torno a objetivos justos, claros y coherentes. Tras una amplia y argumentada deliberación, el comité operativo de la MANE eligió democráticamente a sus voceros nacionales y logró un importante avance que refleja la madurez que ha ido adquiriendo el movimiento estudiantil. Se eligieron 25 hombres y mujeres que tendrán la enorme responsabilidad de ser la cara y la voz de los estudiantes colombianos a lo largo y ancho del país.

De cara al necesario debate nacional que se reabrirá este año en torno al modelo de educación superior que debe construirse en nuestro país, la labor de los voceros, además de ser interlocutores ante el gobierno y la opinión pública, será -como la de miles de estudiantes colombianos- la de concientizar a la sociedad colombiana en su conjunto sobre la necesidad de transformar radicalmente la educación superior en Colombia, para que esté al servicio del desarrollo genuino de nuestra nación y  para que sirva como medio efectivo para erradicar la situación de desigualdad, dependencia y miseria de nuestro país.

La elección de los voceros nacionales significa un avance cualitativo enorme en términos de democracia y  de participación al interior de la MANE. La entrega de miles de estudiantes que han aguantado jornadas maratónicas de discusión, movilización  y construcción,  se ve retribuida en el evidente y paulatino  progreso que ha tenido este escenario, que sin lugar a dudas seguirá consolidándose como un espacio amplio y pluralista donde tengan cabida todos los  estudiantes colombianos.

Este movimiento, que sirvió de inspiración al resto de movimientos sociales el año pasado al demostrar que se puede vencer con la fuerza de la movilización y los argumentos, afrontará este año su más importante reto: construir y posicionar una ley alternativa de educación superior que esté al servicio del pueblo colombiano. En esta tarea nos deberán acompañar necesariamente los sectores nacionales y democráticos que lo han hecho hasta ahora y deberemos seguir sumando el apoyo de quienes luchan por una nación auténticamente libre y soberana.

El sueño de un país y una educación diferentes seguirá guiando el camino que miles de colombianos hemos andado juntos hasta este momento. El fortalecimiento de la MANE y la importante labor que desarrollarán sus  voceros nacionales, allanarán el camino para que podamos construir una nueva educación para un país con soberanía, democracia y paz. 

 

 

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Sobre la aplicación del nuevo acuerdo de matriculas en la Universidad de Caldas

Es evidente, tal y como se advirtió en su momento, que la política privatizadora en la Universidad de Caldas avanzó con la modificación del régimen de matriculas. Pese a que algunos de los elementos más lesivos del acuerdo inicial de matriculas fueron removidos o disminuidos, el acuerdo 012 de 2011 recoge una serie de puntos que profundizan muchas de las injustas medidas que se toman para evaluar el ingreso de los jóvenes a la educación superior, teniendo primacía la capacidad monetaria de las familias en lugar de las aptitudes y la disposición de los aspirantes.

Desde el mes de diciembre, varios representantes estudiantiles hemos venido recibiendo quejas por parte de algunos estudiantes admitidos y hemos atendido un número importante de casos en los que no existe reciprocidad entre la liquidación de la matricula y la verdadera capacidad económica de los estudiantes y sus familias. Algunos de estos casos se han podido resolver con éxito, lográndose una reliquidación acorde a la realidad socioeconómica de los admitidos, pero en otros no se han podido propiciar cambios sustanciales, debido precisamente a los factores incluidos dentro del nuevo acuerdo, como el que estipula el valor de la matricula del colegio como un elemento a tener en cuenta en la liquidación.

Ante los reclamos hechos por los padres de familia, emanados del evidente alza de matriculas que genera este nuevo acuerdo, las directivas de la universidad citaron a todos los representantes estudiantiles a una reunión el pasado viernes 20 de enero. El objetivo fue analizar diferentes cifras y datos relacionados con la aplicación de este nuevo sistema de matriculas y generar escenarios para que la transición entre acuerdos no sea más  traumática de lo que ya es.

Dentro de los datos aportados por la oficina de planeación, es palpable la reducción en el número de estudiantes exonerados, pasando del 75% de estudiantes que no pagaban matricula con el anterior acuerdo a apenas el 50% con el nuevo sistema. Es probable que esta sea la causa para que en este periodo de admisiones, 146 estudiantes hayan solicitado ampliación del plazo  para el pago de matrícula y 132 hayan reservado cupo para el próximo periodo académico.

El recaudo estimado hasta el día 19 de enero era de casi 390 millones de pesos, ingresos que contrastados con la base anterior de aproximadamente 260 millones por cohorte, develan un aumento de aproximadamente el 50% en las matriculas con el nuevo acuerdo. En cuanto a la relación del porcentaje de ingresos familiares aportados para la matricula, se observó que en más del 10% de los matriculados (88 estudiantes) se destina más del 10% del ingreso familiar para realizar este pago; factor preocupante ya que incluso hay 11 casos de estudiantes cuyos ingresos son menores a 1 salario mínimo y sin embargo destinaron más del 15% al pago de la matricula. Es apenas obvio que las familias aparte de los gastos en educación, deben efectuar gastos de otra índole para su sostenimiento y bienestar,  por lo que destinar porcentajes muy elevados a este rubro puede significar recortes en otras áreas o realizar esfuerzos muy grandes para cumplir con este compromiso.

El factor de la pensión del colegio, que constituye una de las formas más evidentes de elevar  el precio de las matriculas, primó para 160 estudiantes, es decir, que pese a que el estudio socioeconómico realizado al estudiante o a su familia arrojara un valor menor en la matricula, por el hecho de haber estudiado el último año de secundaria en un colegio privado, se le liquidó la matricula con base en este indicador. Este es quizás uno de los puntos más relevantes del nuevo acuerdo, y sobre el cual los estudiantes aun tenemos serios desacuerdos, que esperamos sean tratados en los escenarios adecuados para ser reevaluados y modificados.

Finalmente, como fruto de esta reunión la administración de la universidad en cabeza del rector Ricardo Gómez y con la presencia del secretario general de la institución, Fernando Duque, se comprometió a citar el lunes 23 de enero al comité veedor del proceso de admisión, conformado por un miembro de la secretaria general, un miembro de control interno y un representante estudiantil al consejo académico, para revisar los casos en los que haya inconsistencias o no se hayan tenido en cuenta situaciones particulares y quedó consignado el compromiso para revisar elementos del nuevo acuerdo, como los relacionados con la pensión del colegio, los  topes a las matriculas, la creación de un fondo para estímulos académicos y la relación del ingreso familiar con el pago de la matricula.

Esperamos poder modificar o reversar algunos de los elementos consignados en este acuerdo con el acompañamiento de la comunidad universitaria en su conjunto.

Darío Arenas Villegas

Representante Estudiantil Consejo Superior Universidad de Caldas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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No dejaremos hipotecar la Universidad de Caldas

Desde el 2002, año en que fue formulado el proyecto arquitectónico del centro cultural Rogelio Salmona de la Universidad de Caldas, se han venido dando  importantes discusiones en torno a su pertinencia y  viabilidad financiera. Sin lugar a dudas, el centro cultural Salmona es un importante proyecto de ciudad y región con el que se pretende aumentar el número de usuarios de bibliotecas y la cantidad de volúmenes de libros en la ciudad, suplir la falta de escenarios adecuados para diversas prácticas artísticas y contar con un espacio apto para la formación de músicos profesionales de la región. Precisamente debido a la importancia y  magnitud de esta obra, se esperaría que desde  el comienzo de su construcción y desarrollo estuviera vinculada no solo la Universidad de Caldas sino actores como la Alcaldía de Manizales y la Gobernación de Caldas, por el evidente compromiso que estas instituciones deben asumir con estas iniciativas académicas y culturales que redundarán en beneficios para todos los manizaleños y los caldenses.

Pese a esto, en medio de un panorama financiero altamente desfavorable para la universidad fruto de la asfixia presupuestal provocada por la ley 30 de 1992 y de un presupuesto para el año 2012 severamente recortado (incluso en  áreas tan primordiales  como la inversión y el mantenimiento) el rector de la Universidad de Caldas, Ricardo Gómez,  ha insistido de manera continúa en que la institución debe asumir en solitario la financiación de la primera fase de la obra, en la cual se planea construir una biblioteca con un costo total de 19.117 millones de pesos. Los recursos que le darían vida a la primera fase provendrían del nivel central de la universidad y a través de un crédito de 18.000 millones de pesos con el FINDETER.

En todo este proceso han sido muchas las voces de académicos, docentes y estudiantes que se han levantado en contra del pernicioso mecanismo de financiación que se piensa aplicar, no obstante, la administración de la universidad se sigue empeñando en contraer una enorme deuda, que aunada a los enormes líos presupuestales de la institución, pondrían en riesgo su viabilidad en un futuro muy cercano. Los más de 12.000 millones de pesos que se pagarían en intereses, elevarían la deuda total de la universidad en esta fase del proyecto a 30.240 millones, con el agravante de que las matriculas serían la única garantía real para el apalancamiento del crédito, tal y como lo han reconocido los mismos directivos de la institución.

El mecanismo de financiación pensado para el proyecto Salmona solo acarreará más recortes presupuestales en la institución  y seguramente -como ha sido el signo de esta administración- propiciará la profundización de políticas privatizadoras y de financiación propia, como el alza de matriculas, la apertura indiscriminada de programas autosostenibles y la venta de servicios, entre otros, que lesionan gravemente el carácter público de nuestra institución.

A pesar de que el Gobernador de Caldas le manifestó por escrito al Consejo Superior que brindaría apoyo financiero al proyecto con recursos del departamento ó del gobierno nacional, persiste un extraño afán en el rector  Gómez para que el préstamo se apruebe como está planteado, sin la colaboración de otros entes que pueden hacer parte del proceso. La construcción de la cancha sintética y la remodelación del velódromo que se realizarán este año, son la prueba fehaciente de que es posible y necesaria una financiación paritaria entre la universidad e instituciones oficiales: en el proyecto concurrirán la Universidad de Caldas y la Alcaldía de Manizales con 600 millones de pesos cada una.

Pensar que en medio del pantano financiero en que se encuentra  nuestra universidad, es posible y conveniente realizar obras de esta magnitud sin el apoyo financiero del estado y otras instituciones, resulta altamente irresponsable. De persistir con la aprobación del crédito, al rector de la Universidad de Caldas y a quienes lo acompañen en este propósito, les cabrá una enorme responsabilidad histórica con el futuro de nuestra alma mater.

El próximo martes 24 de enero el Consejo Superior deberá tomar una decisión al respecto. Esta será la oportunidad para que estudiantes y profesores le manifestemos nuestro rechazo frente a los mecanismos de financiación que se piensan implementar y será el momento para expresarle a esta corporación que no dejaremos hipotecar el futuro de nuestra universidad.

Representantes Estudiantiles al Consejo Superior, Consejo Académico y Consejos de Facultad de la Universidad de Caldas.


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EL sainete de la Gran Colombia Gold en CM&

Marmato, Caldas, 4 de enero de 2012

Señor

YAMID AMAT

Director de Noticias CM&

Bogotá D.C

Cordial saludo,

En la emisión del pasado 2 de enero del noticiero CM&, realizada bajo el marco de la 56º Feria de Manizales y dedicada a la capital caldense por las adversidades vividas en los últimos meses, se emitió una extensa nota sobre el trabajo de la compañía minera Gran Colombia Gold en el municipio de Marmato, Caldas, seguida por  una entrevista hecha por usted a la presidente de la empresa, la ex canciller María Consuelo Araujo (puede verse en http://www.youtube.com/watch?v=iMUFyqlBx1o). Fueron más de 10 minutos de transmisión en horario estelar, en los que lejos de informar a la opinión pública sobre la realidad que vive este municipio y sobre el accionar de esta compañía -como es deber de comunicadores y periodistas serios- se desinformó abiertamente a la audiencia colombiana, asumiendo una actitud de parcialidad a favor de esta compañía en un tema tan complejo y delicado como el de Marmato.

Para su conocimiento y el de su equipo, Marmato es un  pueblo con una historia y tradición minera de más de 500 años y con un importante legado cultural,  que pretende ser arrasado por esta compañía canadiense para realizar minería a cielo abierto sobre el casco urbano de la población. En la prolongada nota no se menciona  en ningún momento el enorme conflicto social que ha generado esta multinacional en el municipio desde hace algunos años, ni se advierte la amenaza de desaparición que se cierne sobre los marmateños por las intenciones de esta empresa, a la que ustedes sin embargo denominan, sin mayor argumentación, como una compañía con responsabilidad social.

Ya que al parecer para usted y su equipo periodístico es desconocido el historial de ilegalidades y agresiones que esta compañía ha cometido en suelo marmateño y colombiano, nos permitimos hacer la labor de documentación que ustedes deberían haber hecho y los ponemos al tanto de algunas de las acciones realizadas por la compañía en esta zona, como el cierre de 84 minas en 2008 que dejó a más de 800 personas sin empleo, la destrucción de 9 molinos y varios inmuebles, la deforestación y profundización de las aguas en varios sectores, la persecución a los mineros tradicionales por medio de amparos administrativos, la constante intimidación a la población a través de sus funcionarios,  entre muchos otros ataques a los trabajadores y a la población marmateña. Como muestra de la “responsabilidad social” de esta compañía, podemos señalar la última acción cometida por esta hace poco más de un mes, cuando arremetió contra los trabajadores de dos minas, expulsándolos de ellas para después sellarlas. Solo el levantamiento de los mineros junto a la solidaridad de la población y la declaratoria de paro, hicieron que la empresa se sentara a dialogar y permitiera seguir trabajando a los mineros.

En cuanto a lo expresado por la presidente de la compañía en entrevista con usted, señalamos que no es cierto que los mineros de la parte alta estén en proceso de formalización, sino que por el contrario han venido sufriendo una persecución implacable por parte de la compañía y el estado colombiano, que les han venido dando trato de ilegales y han buscado despojarlos de sus minas y por ende de sus fuentes de trabajo. Las donaciones a las que hace alusión  la presidente Araujo corresponden al empeño de la multinacional por cooptar a la población marmateña, asumiendo funciones propias del estado para desplazar las instituciones oficiales del casco urbano buscando abrir el camino a una futura explotación a cielo abierto. Además las donaciones realizadas bajo la política de “responsabilidad social”, constituyen posteriormente importantes  exenciones tributarias para la multinacional, por lo que los argumentos que señalan estas maniobras como  acciones de buena voluntad, se caen por su propio peso.

Lamentamos mucho que un medio de comunicación que goza de tanto prestigio y que tiene una audiencia tan amplia como CM&, se preste para que multinacionales que han generado enormes conflictos sociales y ambientales en Colombia, realicen propaganda corporativa mentirosa y descarada, y que además se valgan de espacios informativos dedicados a apoyar al pueblo Manizaleño en su dolor por las dificultades vividas el año pasado, para beneficio propio. Este es el reflejo inequívoco de las tácticas utilizadas por estas compañías para comprar a la opinión pública.

Por estas razones,  le exigimos a este medio de comunicación que verifique apropiadamente toda la información que transmite sobre Marmato, para que por acción u omisión, no sirva a intenciones particulares que van en contra del interés marmateño y el nacional. Le hacemos un llamado a usted y a  su equipo periodístico para que indaguen con todos los actores involucrados, los verdaderos procesos que se han venido dando y cuáles son los argumentos que las partes involucradas esgrimen acerca de la problemática de este municipio, y de esta manera no se vuelvan a realizar notas que desconocen la parte más importante de la realidad marmateña.

Respetuosamente,

Yamil Amar Cataño

Presidente Comité Cívico Pro-defensa de Marmato

Mario Tangarife

Presidente Asociación de Mineros Unidos de Marmato

Adriana Palomino

Gobernadora Asentamiento Indígena Cartama de Marmato

Óscar Gutiérrez

Miembro Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio RECALCA

Darío Arenas

Miembro  Red Colombiana Frente a la gran minería Transnacional RECLAME

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Educación para el libre comercio

Existe una contradicción insondable entre la educación  que se brinda para el desarrollo nacional y la educación orientada a satisfacer las necesidades de la globalización y el libre comercio. Mientras la primera pretende fortalecer la producción nacional, propiciar la generación de pensamiento autónomo y generar un autentico progreso nacional, la segunda se apoya sobre el principio de perpetuar a toda costa el dominio de las potencias mundiales.

La propuesta del presidente Santos para reformar el sistema de educación superior en el país se adecua sin lugar a dudas a la premisa de educar para el libre comercio. Fiel al signo neoliberal que ha imperado en Colombia desde hace mas de dos décadas, la propuesta busca acompasar el modelo educativo colombiano a los tratados de libre comercio. El acuerdo comercial recientemente aprobado en el congreso estadounidense será el eje principal de la política educativa en nuestro país.

Dentro del articulado de la propuesta del gobierno se advierten puntos orientados a adecuar la educación superior colombiana al marco de lo acordado en el TLC con Estados Unidos. Bajo este acuerdo la educación es considerada como un servicio público libre de transarse y negociarse que puede ser  prestado por particulares. Los estadounidenses podrán invertir en el sector educativo colombiano sin ninguna restricción y contarán con trato nacional, es decir, se les otorgarán los mismos beneficios que a los inversionistas colombianos. Adicionalmente, no se podrán imponer formas jurídicas específicas, ni se podrán establecer limitaciones sobre el número de proveedores del servicio que puedan arribar o el valor de los negocios que estos deseen realizar.

En este sentido, el proyecto de ley gubernamental abre la posibilidad para que se creen instituciones  de educación superior constituidas con capital público y privado bajo la figura de instituciones mixtas (artículos 9, 20 y 37). El lucro encuentra así su formalización y se  genera una estupenda oportunidad para la entrada de compañías de servicios educativos, que desde hace algunos años ya han empezado a llegar al país.  Amparadas bajo el trato nacional, las compañías gringas podrán obtener recursos estatales, ya que el proyecto de ley estipula que se podrán destinar dineros públicos a universidades privadas casi sin ningún condicionamiento (artículo 101).

Los objetivos trazados con la nueva ley en el ámbito de la cobertura no son tampoco ajenos al TLC. La meta de llegar en el corto plazo a una cobertura del 50%  se adapta a la necesidad de las compañías estadounidenses de encontrar un mercado educativo más amplio y es una exigencia taxativa del gobierno norteamericano expresada en las rondas de negociación del TLC. De igual manera, el aumento de cobertura guarda una estrecha relación con el fortalecimiento que se le continúa dando al ICETEX en la nueva ley, ya que las altas matriculas se apalancarán  a través de créditos y subsidios estatales, permitiendo que las compañías educativas no asuman riesgos ni sufran pérdidas.

La propuesta de Santos refleja el deseo de una minúscula clase por transformar a la universidad colombiana en un centro empresarial diseñado para satisfacer las necesidades de las compañías extranjeras, el mercado internacional y los intermediarios criollos, en lugar de formar profesionales en áreas que contribuyan a un genuino e integral desarrollo  de la nación. Solo la fuerza de la movilización social podrá derrotar esta antipatriótica iniciativa.

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El comité Cívico Prodefensa de Marmato lamenta el asesinato del párroco José Reinel Restrepo

Con inmenso dolor, el Comité Cívico Prodefensa de Marmato lamenta la muerte del párroco del municipio  José Reinel Restrepo, asesinado por desconocidos entre los municipios risaraldenses de Mistrató y Belén de Umbría el pasado jueves 1ero de septiembre.  En el corto tiempo de su misión en Marmato (apenas dos años), el padre Reinel supo ganarse el aprecio de feligreses y lugareños, que tuvieron en él a un férreo luchador por la defensa del pueblo. Su denodada actitud  frente a los abusos y las intenciones de las compañías mineras extranjeras en suelo marmateño, marcaron su paso por el municipio caldense.

El Comité Cívico Prodefensa de Marmato hace un llamado perentorio a las autoridades para que establezcan a la mayor brevedad los móviles del crimen, y de esta manera se puedan conocer con certeza los motivos de este repudiable acto. Acompañamos en su dolor a los familiares, feligreses y amigos del párroco Reinel Restrepo y les enviamos un caluroso saludo de solidaridad y apoyo.

Son muchos los que junto al padre Reinel han venido luchando por la conservación de Marmato, municipio que se enfrenta desde hace varios años a las compañías mineras extranjeras que desean desaparecerlo para realizar minería a cielo abierto allí. Paz en la tumba de un hombre, que fiel a los principios cristianos de defender a los más pobres, luchó hasta el último de sus días por el bienestar de las capas oprimidas de nuestro país.


Comité Cívico Prodefensa de Marmato

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Educación extractiva para un país minero

El pasado 3 de Agosto, la ministra de educación María Fernanda Campo presentó ante la opinión pública los resultados del Observatorio laboral para la educación: seguimiento a los graduados de la educación superior en los últimos 10 años.[1] Entre las conclusiones presentadas en el informe, una de las que más resalta es la relacionada con los 10 programas universitarios mejor remunerados y con mayor vinculación laboral para los recién graduados en el año 2010. Los 3 primeros lugares  en esta lista son ocupados por programas relacionados directamente con minería e hidrocarburos: Ingeniería de Petróleos, Geología e Ingeniería de Minas. Los egresados de estos programas tuvieron una vinculación laboral del 91,5%, 94,8% y 77,4% respectivamente, esto quiere decir, que en promedio el 87,9% de los graduados en estas 3 carreras en 2009, consiguieron trabajo casi de inmediato. Los salarios de estos profesionales oscilan entre los 2 millones, 426 mil pesos y los 3 millones, 139 mil pesos. También se destaca, que dentro de los 10 programas técnicos con mejor salario, el programa de Técnica Profesional en Minería se ubica en el quinto lugar, con un sueldo promedio de 1 millón, 227 mil pesos.

Los resultados arrojados por el informe se dan bajo el marco del inusitado crecimiento de la actividad minera en nuestro país. Hoy Colombia tiene el 40% de su territorio solicitado en concesión para grandes proyectos mineros, cerca de 40 millones de hectáreas pedidas, que se podrían comparar con la superficie de Alemania y Suiza juntos. En los últimos años han sido otorgados más de 9 mil títulos mineros y existen más de 19 mil solicitudes en trámite. Un marco normativo en el que el Estado sólo actúa como regulador de la actividad particular, unas de las regalías más bajas del mundo y un paquete de enormes exenciones tributarias, han configurado una fórmula inmejorable para que las compañías extranjeras hayan elegido como epicentro  de su actividad a nuestro país. Solo en 2009, la inversión extranjera en el sector de minería e hidrocarburos significó el 90% del total de la inversión extranjera directa en Colombia.

Concebido de esta manera, el auge minero no ha redundado en beneficios y mejores condiciones para los pequeños y medianos mineros nacionales, ni para el conjunto de la sociedad colombiana. Las perspectivas parecen no cambiar en el corto plazo con la firma de tratados comerciales como el TLC recién entrado en vigencia con Canadá,  país cuyo gobierno financió la reforma al código de minas colombiano en 2009[2], y donde se encuentran más del 75% de las compañías mineras del mundo. Se demuestra así, que las necesidades y exigencias foráneas han determinado la adecuación del desarrollo económico y de la educación nacional, y que en el caso de la minería, desafortunadamente no asistimos a un escenario diferente.

Acorde a este modelo, desde hace algunos años se han impulsado alianzas entre actores del sector productivo y las instituciones de educación superior, impulso que se recoge en la nueva ley de educación superior propuesta por el presidente Santos, que estipula como fuente de ingresos adicionales para las universidades, las alianzas público privadas y la vinculación del capital privado a la prestación del servicio educativo.[3] De esta manera, se busca formalizar algo que ya ocurre en diferentes instituciones públicas de nuestro país, que ante la asfixia presupuestal a la que se encuentran sometidas desde hace casi dos décadas y merced a la falta de ética y rigor académico de algunos de sus directivos, han rubricado contratos con compañías trasnacionales mineras que se lucran del enorme daño ambiental, social y económico que le dejan al país. El convenio de monitoreo ambiental entre la Universidad de Caldas y la compañía sudafricana Anglogold Ashanti, que pretende llevar a cabo un proyecto de  minería a cielo abierto en una neurálgica zona del Tolima, constituye un ejemplo palpable de esto. Pese a los demagógicos pronunciamientos del gobierno en los últimos días, asegurando que  no se incluirá el apartado de universidades con ánimo de lucro estipulado en su propuesta inicial, las alianzas publico-privadas son hoy una realidad, que si bien en todos los casos no son lesivas, con seguridad se seguirán extendiendo de esta manera, debido a las exigencias de las grandes potencias económicas, ávidas de recursos energéticos y nuevos mercados.

Las notables garantías de inserción laboral para los jóvenes vinculados a programas universitarios y técnicos relacionados con la visión  de “Colombia país minero”, se explican a partir del viraje que se le ha dado a la economía  de nuestro país, orientándola principalmente hacia este sector, además de la necesidad de las compañías  extranjeras de vincular mano de obra local conocedora del terreno (físico y normativo), que les allane el camino para llevar a cabo sus proyectos. El actual panorama se puede concebir como uno de los innumerables intentos por transformar a la universidad colombiana en un centro empresarial, diseñado para satisfacer las necesidades de las compañías extranjeras y el mercado internacional, en lugar de formar profesionales en áreas que contribuyan a un genuino e integral desarrollo  de la nación. Se pretende imponer  el modelo de universidad corporativa, por medio de asociaciones o del establecimiento directo de instituciones educativas por parte de las compañías, tal y como lo han hecho empresas como Motorola, McDonald’s, Lloyds TSB Bank y Disney, entre otras, que han fundado sus propias universidades, trazando contenidos y metodologías acordes a sus necesidades. En Colombia, casos como el de Unisanitas, fundación universitaria creada por la empresa de servicios de salud Sanitas, la universidad para taxistas de Chevrolet o la fundación universitaria Uniempresarial, establecida por la cámara de comercio de Bogotá, nos sugieren, que de continuar por la vía de la desfinanciación crónica de las universidades públicas, con la expansión de privilegios a las compañías mineras y con la adecuación del sistema educativo a las exigencias del mercado, no estamos muy lejos de contemplar el establecimiento de la Universidad del oro en Marmato, construida por Medoro Resources o la creación de la Fundación Universitaria Minera de Cajamarca,  por parte de la Anglogold Ashanti.

Si a cada modelo de país le corresponde un modelo educativo, podemos decir con certeza que los últimos dos gobiernos han allanado el camino para que los colombianos reciban una educación extractiva al servicio de intereses ajenos a los nacionales. Colombia es el país con el desempleo juvenil más alto de Latinoamérica (actualmente en el 21%) y el 46,2% de su población joven se encuentra inactiva[4]. Esta realidad, sumada a la desvinculación del Estado en la explotación de recursos minero-energéticos, pareciera dejarles a los jóvenes colombianos casi como única opción laboral, ingresar a una multinacional minera, a pesar de que el legado para el país y las generaciones venideras, sea un futuro de ríos envenenados, poblaciones arrasadas, dignidades pisoteadas y soberanías arrebatadas.

[1] http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/article-277950.html

[2] La financiación a la reforma, según el senador canadiense Bernard Bigras, se dio  a través de la agencia para el desarrollo internacional de Canadá CIDA (Canadian International Development Agency),

[4] DANE. Mercado laboral de la juventud (14 a 26 años). Gran encuesta integrada de hogares. Trimestre abril – junio de 2011. Bogotá, D. C. 8 de Agosto de 2011.

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